Los anticruceristas vuelven a la carga y exigen a Armengol que sólo permita un buque al día

Los ecologistas vuelven a la carga contra los cruceros, bendecidos por el pequeño comercio del centro de Palma, y exigen al Ejecutivo balear liderado por la socialista, Francina Armengol, un plan para limitar su presencia en el puerto de la capital balear.

En un comunicado conjunto, el Grupo Balear de Ornitología (Gob) y la entidad Palma XXI, lamentan que, en lo que llevamos de octubre, hayan hecho escala en la capital balear 22 buques, coincidiendo el pasado lunes hasta cinco de ellos, cifra que no se conocía desde la declaración del estado de alarma y «volviendo al peor escenario del verano de 2019″, critican ambas entidades.

Por ello exigen a Autoridad Portuaria, organismo presidido por el expresidente balear, el socialista Francesc Antich, al Govern, Parlament, y a las formaciones del tripartito balear, que pongan en marcha una regulación de las llegadas. 

Con ello, las entidades ecologistas pretenden que se limite la presencia de cruceros a uno diario, hasta que no se tengan estudios empíricos de la carga que la ciudad de Palma puede mantener, sin daños y perjuicios,  de este tipo de turismo. 

En este sentido, instan al Ejecutivo balear a la ratificación pública del acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el 26 de febrero de 2020 y no confirmar reservas de cruceros a partir del 1 de enero de 2022.

En la nota de prensa, apuntan contra el gobierno de socialistas, nacionalistas de Més y populistas de Unidas Podemos (UP) al que le recuerdan que, mantener una política permisiva con la llegada de estos buques, “va en contra de los principios elementales de una concepción progresista de la sociedad”. De hecho, tal y como puntualizan en su comunicado, en los acuerdos de gobierno firmados en el Castillo de Bellver en 2019 por el Ejecutivo de Armengol, el tripartito balear se comprometió a regularlo.  

Y es que, según los ecologistas, la presencia regular de estos barcos en el puerto de Palma es “un atentado ecológico contra la calidad del aire y del mar de Mallorca”, y a su juicio, va “en contra de la ciudadanía, ya que afecta gravemente la convivencia entre turistas y residentes y pone en riesgo el rebrote de la pandemia”. 

Tras criticar el consumo de recursos fundamentales para los residentes, como es el agua y servicios públicos como taxis o servicios de limpieza, estas entidades anti cruceristas, cargan contra las condiciones laborales de las tripulaciones de estos buques que, a su juicio, “están en contra del derecho al trabajo digno y no aceptaría ningún sindicato europeo”. Y en la misma línea, arremeten contra las empresas multinacionales que los capitanean de las que afirman que tienen “ganancias multimillonarias que no tributan en España, ni en ningún país».